Con el objetivo de implementar nuevas políticas para combatir la delincuencia y darle mayor tranquilidad a todos los chilenos, el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública incorporó a todos los actores del sector político, académico, jurídico y comunal.

Una mesa de trabajo que durante 90 días elaboró 150 propuestas que contemplan profundas reformas en cinco áreas: Modernización y Fortalecimiento de las policías; Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado; Fiscalización y Control de Armas de Fuego; Rol de los Municipios en la Seguridad Pública; y Coordinación entre actores del Sistema de Persecución Penal.

Estas reformas, que se entregaron al Presidente Sebastián Piñera, fortalecerán la coordinación existente entre las distintas instituciones del Gobierno Central y aquellas que participan en la investigación y juzgamiento de los delitos.

Frente a lo anterior, el Intendente de la Región del Biobío, Jorge Ulloa Aguillón, agregó que la seguridad de todos los habitantes es prioridad para el gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y recalcó que desde el primer día de su mandato, se ha trabajado firmemente en la implementación de diversas políticas para combatir la delincuencia y darle tranquilidad a los compatriotas.

En la búsqueda de dar solución a la principal inquietud de los ciudadanos, que es que la delincuencia y el narcotráfico retrocedan en Chile, se definieron las siguientes medidas:

Especialización de las funciones policiales. Se entregará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública un diagnóstico que permita exigir un mayor control de la autoridad civil sobre Carabineros y la PDI; con nuevas exigencias para su gestión interna y un sistema de auditoría permanente.

De este modo, ambas policías deberán desarrollar un Plan Estratégico Institucional y un Plan de Gestión Operativa, el que se entregará al asumir el nuevo mando. Informes que deberán ser aprobados por el Ministerio del Interior y contar con indicadores de resultados.

Se concentrarán los esfuerzos en la profesionalización policial: para ser general será requisito cumplir 10 años en unidades operativas.

En materia de inteligencia, se pretende crear un Consejo Nacional de Inteligencia que dependerá directamente del Presidente de la República.

Se hará una profunda reestructuración del registro de armas en el país, donde hay un deficitario sistema de fiscalización.

Se reducirá el catálogo de delitos de competencia de la Justicia Militar conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En el caso de los municipios se incorporará a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el rol preventivo en materia de seguridad y de coordinación local del alcalde, como presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública, ente que tendrá un fortalecimiento.