El Intendente  Jorge Ulloa junto al Seremi de Educación, Fernando Peña y directores de establecimientos educacionales de la zona, analizaron el Proyecto de Ley Aula Segura y su aplicación en la región del Biobío.

La  normativa busca fortalecer las facultades de los directores en materia de expulsión y cancelación de matricula en casos graves de violencia. Esto debido a que actualmente sólo pueden expulsar cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar al alumno de la comunidad educativa que fue víctima de los hechos de vandálicos.

Frente a lo anterior, la ley estima que en casos excepcionales y de especial gravedad, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula.

Según el Intendente De la Región del Biobío, las causales son específicas y con una descripción taxativa “se aplicará la ley en casos de uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas y artefactos incendiarios, explosivos y de características similares, como por ejemplo bombas molotov” explicó.

Por su parte el Seremi de Educación, Fernando Peña, afirma que las agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos, también son causales de sanción y aplicación de la normativa. “Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor” manifestó.