Frente al conocimiento de la interposición de un recurso de protección por parte del ex seremi de Desarrollo Social, Patricio Torres, el Gobierno de la Región del Biobío declara:

          La interposición de un recurso constituye una garantía del Estado de Derecho frente a la acción resuelta en el marco de un proceso sancionatorio administrativo.

          La formalidad de dirigirlo en contra de la jefa de Estado dice relación con que los secretarios regionales ministeriales que son destituidos dentro del marco de un proceso sancionatorio, reciben esta determinación a través de un decreto firmado por el Presidente de la República.

         Como es política del Gobierno, éste no se refiere públicamente sobre el fondo de procesos judiciales pendientes, sino que la respuesta del Ejecutivo será por canales judiciales pertinentes.

         Por instrucción precisa de la Presidenta Michelle Bachelet, el Gobierno ha sido riguroso en el cumplimiento de investigaciones y sanciones respecto a incumplimiento de normas legales. Más aún si se trata de vulneración de derechos de trabajadores del servicio público.