En virtud de la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, se designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Reconociendo la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas y de promover y proteger sus derechos.

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y es considerada la esclavitud moderna. Vulnera la dignidad y libertad de una persona, a la vez que afecta seriamente su integridad física y psíquica. La OIT estima que 40 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso, siendo muchas de ellas, víctimas de trata de personas. Según cifras de UNODC, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, luego del tráfico de drogas y tráfico de armas, generando más de 150 mil millones de dólares anuales.

La trata de personas es un problema global y ningún país es inmune a él. Millones de víctimas caen en manos de los tratantes, atraídas por falsas promesas y engaños.

Los datos también muestran que la trata de personas ocurre a nuestro alrededor, ya que la proporción de personas víctimas de trata dentro de su propio país se ha duplicado en los últimos años al 58% de todas las víctimas detectadas, según el Informe mundial de la UNODC de 2018 sobre la trata de personas.

A pesar de que muchos países como Chile, tienen leyes nacionales contra la trata de personas que están en línea con el Protocolo de Trata de Personas de la ONU, las personas continúan siendo objeto de trata.

Por lo tanto, en el Día Mundial de 2019, UNODC se enfoca en resaltar la importancia de la acción Pero el llamado a la acción no es solo del gobierno en la protección de las víctimas de la trata para los gobiernos, sino que alentamos a todos a tomar medidas para prevenir esta grave violación de los Derechos Humanos. En especial, relevar el rol de las “Mesas Regionales sobre Trata de Personas” para convocar en lo territorial a distintos sectores, a la comunidad,  organizaciones sociales y a las instituciones gubernamentales a estar alerta, realizar la denuncia correspondiente y crear conciencia y visibilizar el delito, entendiendo que es una realidad que existe en nuestro país.