• Buscando un comportamiento ejemplar de gobernadores, seremis y directores de servicios públicos, la primera autoridad regional explicó la normativa que impide realizar campañas con fondos públicos, determina el uso de bienes muebles e inmuebles, e insta a la responsabilidad administrativa; entre otras instrucciones.

Frente a gobernadores y seremis del Gobierno de la Región del Biobío, el Intendente Rodrigo Díaz expuso una síntesis del Dictamen N°8.600 de Contraloría, que establece los parámetros de comportamiento administrativo para funcionarios públicos, explicando que en la Región se busca un comportamiento ejemplar por parte de sus autoridades.

La primera autoridad regional abordó los seis puntos principales del dictamen: Prescindencia Política de los Funcionarios de la Administración    del Estado, Medidas disciplinarias, comisiones de servicio y destinaciones, Regulaciones relativas al Personal, Regulaciones relativas al uso de bienes fiscales en actividades políticas, Cumplimiento y difusión las instrucciones, y Responsabilidad Administrativa.

Dentro de los puntos más importantes de este dictamen, la Prescindencia Política de los Funcionarios de la Administración del Estado, establece que “Los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas, deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones”.

Respecto a las Medidas disciplinarias, el documento señala que “Desde treinta días antes de las elecciones municipales, es decir, a contar del 23 de septiembre de 2016, no podrán imponerse ni aplicarse medidas disciplinarias expulsivas, sin perjuicio del régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos”.

Sobre el uso de bienes muebles e inmuebles, el Intendente Rodrigo Díaz detalló que el texto indica que “Los bienes de los servicios públicos y las municipalidades o los destinados para el cumplimiento de sus funciones, no pueden ser empleados por las autoridades o funcionarios para las actividades de carácter político tales como: hacer proselitismo o propaganda política en cualquier forma o medios de difusión, promover o intervenir en campañas o efectuar reuniones o proclamaciones y disponer contrataciones a honorarios para esas finalidades”.

Además de precisar las instrucciones del Dictamen, el Intendente Rodrigo Díaz solicitó a los secretarios regionales ministeriales que convocaran a sus servicios públicos dependientes para detallarles el documento.

Link para descargar el Dictamen N° 8.600 de Contraloría:

http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FormImpresionDictamen?OpenForm&UNID=718CFF1E055D9CD003257F50004D6CEF